La política social es concebida según (THAIS, MAINGON 2004) como un conjunto poco coherente, de acciones, programas y planes sectoriales e intersectoriales, definidos bajo el paradigma que privilegia la noción de inversión social; es decir, que el objetivo era el de proporcionar los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la economía, y ello incluyó a las políticas dirigidas a los sectores salud, vivienda, seguridad social y educación, principalmente.
A finales de las décadas de los ochenta, se crearon programas sociales orientados en las áreas del sector educativo con creación de las becas alimentarias para niños en edad escolar y hogares de cuidados diarios, hasta las microprogramas dirigidos hacia la pobreza con un largo plazo en el crecimiento económico de las familias para enfrentar las necesidades en sus contextos, esta metodología fue la aplicada en las políticas sociales u estrategia para enfrentar las realidades de la población vulnerable del gobierno, fue meramente una política estructural ajustada sin tomar en cuenta la formulación de lo progresivo, redistributivo con lo universal, trayendo como consecuencia una escasa y retroceso en la implementación de las políticas, ya que en la década pasada era el modelo implementado.
“El modelo de política social de los años ochenta como universal/asistencial, es un periodo donde la política implementada es direccionada en la garantía de proteger la fuerza de trabajo impulsando la modernización del país a partir de los ingresos petroleros, creando de esta manera una estructura burocrática compleja en la ejecución de las políticas sociales generando de esta manera limitaciones en la población para ser beneficiada en cuanto a los servicios públicos”. (Yolanda D´Elia 2002 citada por THAIS MAINGON 2004 )
Durante la década de los noventa, lo social se expresó de forma descarnada por los ajustes que fueron implementados en el decenio anterior sin culminar en su mayoría lo macroeconómico, entre ello: cambios en el proceso productivo, liberación y apertura de la economía al mercado internacional, modificaciones a las regulaciones del mercado de trabajo, reformas de leyes de seguridad social, reforma a la Ley del Trabajo, propuestas para mejorar la administración pública, así como la descentralización político-administrativa, y la derivación más importante de ésta, cual fue la transferencia de competencias de los servicios de salud entre otros, ello trajo como consecuencia en el un aumento de familias en situación de pobreza, más desempleo y el crecimiento progresivo del sector informal.
El proceso político y social desarrollado en nuestro país a partir de 1999, se ha venido fundamentando en el rompimiento de paradigmas que a partir del inicio de la democracia venezolana, solo fue orientada al crecimiento de una política económica, influenciada históricamente a través del imperio norteamericano camuflajeado de una seudo democracia, ello posterior a la segunda guerra mundial conformó estratégicamente el hacer una política con las grandes transnacionales, afectando de una manera u otra en el crecimiento de un desarrollo sano y dirigido a otros fines como la enorme deuda externa y los mayores índices de pobreza que ha conocido la humanidad durante la dinámica capitalista.
En este sentido, las transformaciones administrativas las que han tenido lugar en el sector público venezolano, se inició con mayor fuerza a finales de 1991 producto de la reforma del Estado desarrollando con cierto vigor hasta 1998, promoviendo la aplicabilidad de planteamientos que integran los postulados de la “gerencia empresarial eficientista”, este enfoque según (Córdova Jaimes, Edgar) lleva consigo, que de forma aparente este proceso se le vacíe de su contenido político que le es inherente por su naturaleza. Esto es precisamente uno de los aspectos donde los procesos de reforma del Estado en América Latina han mostrado a nuestro juicio su mayor debilidad, pues se han convertido en un conjunto de propuestas fundamentalmente técnicas para cambiar estructuras político-administrativas ineficientes por unas que apunta en la eficiencia, sin observancia de aspectos inequívocos de la naturaleza de la administración pública producto de su proceso histórico-político y socio cultural.
Es decir que se han trasladado críticamente construcciones tecnológicas producidas a partir de problemas de producción del sector privado para explicar y resolver situaciones del sector público, siguiendo una idea que reduce el problema de la administración pública a un problema meramente de funcionamiento-técnico.
Durante este proceso histórico, en el intento de establecer las líneas gruesas de lo que serían las bases formales del modelo de administración pública a partir del gobierno del ciudadano presidente Chávez, rompe esa concepción paradigmática del modelo de administración publica ante expuesta, conllevando a la formulación en el plan de gobierno y la propuesta denominada “Una revolución Democrática” integrando cinco ejes fundamentales. El primero hace referencia al Equilibrio político, en el que se propone la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 2) Equilibrio social, establecimiento de mecanismos para la justicia social, 3) Equilibrio Económico, para el establecimiento de un modelo económico humanista, autogestionario y competitivo, 4) Equilibrio Territorial, en el que establece la desconcentración y aprovechamiento de los recursos naturales para un desarrollo sustentable y 5) Equilibrio mundial, en el que se establecen los cambios necesarios para avanzar hacia un servicio exterior y una política con base a la multipolaridad.
Extrayendo de este planteamiento donde la estructura y el funcionamiento administrativo debe estar vinculado estrechamente a las necesidades locales de la ciudadanía, en pro de la eficiencia, según (Chávez Frías, 1996). “…la Administración Pública debe acentuar su papel mediador a través de la elaboración de políticas sociales, y reglamentaciones que hagan posible que esas funciones se lleven a cabo en forma eficiente y sin menoscabo de la localidad de vida de la ciudadanía con mecanismos continuos de retroalimentación que le permitan ejercer su función conductora de los procesos sociales mecanismos de corrección cuando fracasan los mercados o se deteriora el clima empresarial”.
Se puede decir entonces, que la política social formaría parte de los mecanismos que regulan el bienestar social de la población, a través de la provisión de servicios sociales que busquen de una mejor calidad de vida y que a su vez se determine un proyecto de sociedad que contribuya a la transformación de nuevos modelos de desarrollo. El sistema sociopolítico proyectado en la constitución actual, amplia los derechos sociales y permite que haya una redefinición de la función social del estado caracterizado por lo democrático-participativo y protagónico, introduciéndose el rol principal de las garantías de los derechos sociales y sobre todo la corresponsabilidad del estado con las familias.
la política asistencial focalizada en 1999 a la población vulnerable del país con la conformación de un plan que incorpora a las Fuerzas Armadas Nacionales el denominado Bolívar 2000, comprendió un conjunto de actividades definidas como de asistencia pública, en las que se incluían acciones de mejoramiento, recuperación y/o construcción de viviendas, de infraestructura educativa, de atención ambulatoria en salud, reorganización del sistema de salud pública con énfasis en la atención primaria, apoyada en la organización comunitaria de la población, un programa de empleo rápido, así como acciones de beneficencia en las comunidades de pobreza crítica y extrema, que incluían suministros gratuitos de alimentos e implementos básicos, entre otras acciones similares y poco o nada coordinadas con los diferentes entes nacionales, regionales y locales.
De igual manera con la creación del Fondo Único Social (FUS) que funcionó hasta finales de 2001 desde el MSDS, tuvo la intención por parte del ejecutivo de fortalecer los programas de desarrollo social y garantizar que los recursos destinados al sector social llegasen a la población para no quedarse en el camino de la burocracia con un fin explícito de aumentar la eficiencia en la ejecución y cobertura de los programas sociales existentes, especialmente los destinados a alimentación, educación, nutrición y salud, para así estar en condiciones de eliminar la gran desarticulación institucional que reinaba en el sector social.
El FUS fue definido como un macroorganismo autónomo que unifica y centraliza el financiamiento de los programas sociales destinados a atender a los excluidos y a todos aquellos que estuviesen al margen de los programas sociales, asistir a los niños en situación de riesgo fuera del sistema escolar y promover la participación popular. Fue el primer intento dirigido a ordenar la política social.
Posterior a ello, con La concepción de la política social integral en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDES), se estableció la importancia y la necesidad de fortalecer la participación social y de generar poder al ciudadano, permitiendo consolidar el equilibrio en los espacios públicos de decisión, a partir del desarrollo de redes sociales, entendidas como instrumentos para la defensa y reivindicación del conjunto de los derechos universales y equitativos (MSDS, 2001).
Estos escenarios, incorpora tener como finalidad un nuevo norte para la política social y ello quedó en capacitar, preparar y garantizar la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la vivienda, establecido en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en donde se encuentran las bases estratégicas para llevar adelante el nuevo proyecto nacional.
El surgimiento del concepto hacia un nuevo paradigma en la administración de la cosa pública, es con la aparición de las misiones, complejidad necesaria de abordar y suscribirse como una necesidad en el contexto de las políticas públicas las cuales serán operativas a partir de los programas y proyectos sociales que serán financiados por las instancias pertinentes. La Ley de Presupuesto Público exige la elaboración por proyectos para la asignación de recursos en cada ejercicio fiscal, digamos que el propósito fundamental es el cumplimiento de metas y objetivos previamente definidos y que tienen como orientación filosófica la elaboración de política bajo el cumplimiento de la Misión y la Visión de cada entidad, esto, de esta manera es un gran avance y ofrece la posibilidad de transitar bajo la égida de la Planificación Estratégica hacia fines superiores en el rendimiento de la gestión.
La calidad de estas gestiones serían asumidas por el estado, Gobernaciones y alcaldías que por ser instituciones del poder ejecutivo venezolano, se ubicaron en lo estratégico para poder llevar a cabo la efectividad con la descentralización político-territorial promovida del deber ser de cada una de las misiones, de igual manera con instituciones orientadas al servicio y atención comunitaria.
A finales de las décadas de los ochenta, se crearon programas sociales orientados en las áreas del sector educativo con creación de las becas alimentarias para niños en edad escolar y hogares de cuidados diarios, hasta las microprogramas dirigidos hacia la pobreza con un largo plazo en el crecimiento económico de las familias para enfrentar las necesidades en sus contextos, esta metodología fue la aplicada en las políticas sociales u estrategia para enfrentar las realidades de la población vulnerable del gobierno, fue meramente una política estructural ajustada sin tomar en cuenta la formulación de lo progresivo, redistributivo con lo universal, trayendo como consecuencia una escasa y retroceso en la implementación de las políticas, ya que en la década pasada era el modelo implementado.
“El modelo de política social de los años ochenta como universal/asistencial, es un periodo donde la política implementada es direccionada en la garantía de proteger la fuerza de trabajo impulsando la modernización del país a partir de los ingresos petroleros, creando de esta manera una estructura burocrática compleja en la ejecución de las políticas sociales generando de esta manera limitaciones en la población para ser beneficiada en cuanto a los servicios públicos”. (Yolanda D´Elia 2002 citada por THAIS MAINGON 2004 )
Durante la década de los noventa, lo social se expresó de forma descarnada por los ajustes que fueron implementados en el decenio anterior sin culminar en su mayoría lo macroeconómico, entre ello: cambios en el proceso productivo, liberación y apertura de la economía al mercado internacional, modificaciones a las regulaciones del mercado de trabajo, reformas de leyes de seguridad social, reforma a la Ley del Trabajo, propuestas para mejorar la administración pública, así como la descentralización político-administrativa, y la derivación más importante de ésta, cual fue la transferencia de competencias de los servicios de salud entre otros, ello trajo como consecuencia en el un aumento de familias en situación de pobreza, más desempleo y el crecimiento progresivo del sector informal.
El proceso político y social desarrollado en nuestro país a partir de 1999, se ha venido fundamentando en el rompimiento de paradigmas que a partir del inicio de la democracia venezolana, solo fue orientada al crecimiento de una política económica, influenciada históricamente a través del imperio norteamericano camuflajeado de una seudo democracia, ello posterior a la segunda guerra mundial conformó estratégicamente el hacer una política con las grandes transnacionales, afectando de una manera u otra en el crecimiento de un desarrollo sano y dirigido a otros fines como la enorme deuda externa y los mayores índices de pobreza que ha conocido la humanidad durante la dinámica capitalista.
En este sentido, las transformaciones administrativas las que han tenido lugar en el sector público venezolano, se inició con mayor fuerza a finales de 1991 producto de la reforma del Estado desarrollando con cierto vigor hasta 1998, promoviendo la aplicabilidad de planteamientos que integran los postulados de la “gerencia empresarial eficientista”, este enfoque según (Córdova Jaimes, Edgar) lleva consigo, que de forma aparente este proceso se le vacíe de su contenido político que le es inherente por su naturaleza. Esto es precisamente uno de los aspectos donde los procesos de reforma del Estado en América Latina han mostrado a nuestro juicio su mayor debilidad, pues se han convertido en un conjunto de propuestas fundamentalmente técnicas para cambiar estructuras político-administrativas ineficientes por unas que apunta en la eficiencia, sin observancia de aspectos inequívocos de la naturaleza de la administración pública producto de su proceso histórico-político y socio cultural.
Es decir que se han trasladado críticamente construcciones tecnológicas producidas a partir de problemas de producción del sector privado para explicar y resolver situaciones del sector público, siguiendo una idea que reduce el problema de la administración pública a un problema meramente de funcionamiento-técnico.
Durante este proceso histórico, en el intento de establecer las líneas gruesas de lo que serían las bases formales del modelo de administración pública a partir del gobierno del ciudadano presidente Chávez, rompe esa concepción paradigmática del modelo de administración publica ante expuesta, conllevando a la formulación en el plan de gobierno y la propuesta denominada “Una revolución Democrática” integrando cinco ejes fundamentales. El primero hace referencia al Equilibrio político, en el que se propone la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 2) Equilibrio social, establecimiento de mecanismos para la justicia social, 3) Equilibrio Económico, para el establecimiento de un modelo económico humanista, autogestionario y competitivo, 4) Equilibrio Territorial, en el que establece la desconcentración y aprovechamiento de los recursos naturales para un desarrollo sustentable y 5) Equilibrio mundial, en el que se establecen los cambios necesarios para avanzar hacia un servicio exterior y una política con base a la multipolaridad.
Extrayendo de este planteamiento donde la estructura y el funcionamiento administrativo debe estar vinculado estrechamente a las necesidades locales de la ciudadanía, en pro de la eficiencia, según (Chávez Frías, 1996). “…la Administración Pública debe acentuar su papel mediador a través de la elaboración de políticas sociales, y reglamentaciones que hagan posible que esas funciones se lleven a cabo en forma eficiente y sin menoscabo de la localidad de vida de la ciudadanía con mecanismos continuos de retroalimentación que le permitan ejercer su función conductora de los procesos sociales mecanismos de corrección cuando fracasan los mercados o se deteriora el clima empresarial”.
Se puede decir entonces, que la política social formaría parte de los mecanismos que regulan el bienestar social de la población, a través de la provisión de servicios sociales que busquen de una mejor calidad de vida y que a su vez se determine un proyecto de sociedad que contribuya a la transformación de nuevos modelos de desarrollo. El sistema sociopolítico proyectado en la constitución actual, amplia los derechos sociales y permite que haya una redefinición de la función social del estado caracterizado por lo democrático-participativo y protagónico, introduciéndose el rol principal de las garantías de los derechos sociales y sobre todo la corresponsabilidad del estado con las familias.
la política asistencial focalizada en 1999 a la población vulnerable del país con la conformación de un plan que incorpora a las Fuerzas Armadas Nacionales el denominado Bolívar 2000, comprendió un conjunto de actividades definidas como de asistencia pública, en las que se incluían acciones de mejoramiento, recuperación y/o construcción de viviendas, de infraestructura educativa, de atención ambulatoria en salud, reorganización del sistema de salud pública con énfasis en la atención primaria, apoyada en la organización comunitaria de la población, un programa de empleo rápido, así como acciones de beneficencia en las comunidades de pobreza crítica y extrema, que incluían suministros gratuitos de alimentos e implementos básicos, entre otras acciones similares y poco o nada coordinadas con los diferentes entes nacionales, regionales y locales.
De igual manera con la creación del Fondo Único Social (FUS) que funcionó hasta finales de 2001 desde el MSDS, tuvo la intención por parte del ejecutivo de fortalecer los programas de desarrollo social y garantizar que los recursos destinados al sector social llegasen a la población para no quedarse en el camino de la burocracia con un fin explícito de aumentar la eficiencia en la ejecución y cobertura de los programas sociales existentes, especialmente los destinados a alimentación, educación, nutrición y salud, para así estar en condiciones de eliminar la gran desarticulación institucional que reinaba en el sector social.
El FUS fue definido como un macroorganismo autónomo que unifica y centraliza el financiamiento de los programas sociales destinados a atender a los excluidos y a todos aquellos que estuviesen al margen de los programas sociales, asistir a los niños en situación de riesgo fuera del sistema escolar y promover la participación popular. Fue el primer intento dirigido a ordenar la política social.
Posterior a ello, con La concepción de la política social integral en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (PDES), se estableció la importancia y la necesidad de fortalecer la participación social y de generar poder al ciudadano, permitiendo consolidar el equilibrio en los espacios públicos de decisión, a partir del desarrollo de redes sociales, entendidas como instrumentos para la defensa y reivindicación del conjunto de los derechos universales y equitativos (MSDS, 2001).
Estos escenarios, incorpora tener como finalidad un nuevo norte para la política social y ello quedó en capacitar, preparar y garantizar la salud, el trabajo, la educación, la seguridad social, la vivienda, establecido en los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007 en donde se encuentran las bases estratégicas para llevar adelante el nuevo proyecto nacional.
El surgimiento del concepto hacia un nuevo paradigma en la administración de la cosa pública, es con la aparición de las misiones, complejidad necesaria de abordar y suscribirse como una necesidad en el contexto de las políticas públicas las cuales serán operativas a partir de los programas y proyectos sociales que serán financiados por las instancias pertinentes. La Ley de Presupuesto Público exige la elaboración por proyectos para la asignación de recursos en cada ejercicio fiscal, digamos que el propósito fundamental es el cumplimiento de metas y objetivos previamente definidos y que tienen como orientación filosófica la elaboración de política bajo el cumplimiento de la Misión y la Visión de cada entidad, esto, de esta manera es un gran avance y ofrece la posibilidad de transitar bajo la égida de la Planificación Estratégica hacia fines superiores en el rendimiento de la gestión.
La calidad de estas gestiones serían asumidas por el estado, Gobernaciones y alcaldías que por ser instituciones del poder ejecutivo venezolano, se ubicaron en lo estratégico para poder llevar a cabo la efectividad con la descentralización político-territorial promovida del deber ser de cada una de las misiones, de igual manera con instituciones orientadas al servicio y atención comunitaria.
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